Nota de Tiempo Argentino*
Se busca alentar el uso de los ahorros de la población para dinamizar la economía. Quedan flancos abiertos para operar con fondos obtenidos de manera ilícita. Inquietud en el GAFI.
Amparado bajo el pomposo nombre de Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, el gobierno nacional desmanteló casi todos los regímenes de información sobre transacciones bancarias y operatorias con tarjetas de crédito. Este jueves por la tarde, la Agencia de Recaudación y Control Aduanera (ARCA) instrumentó los nuevos parámetros bajo los cuales los contribuyentes podrán disponer de su dinero sin necesidad de demostrar la licitud de su origen.
El organismo recaudador complementó así los anuncios formulados algunas horas antes por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó que se busca darle a la gente “la libertad de manejar sus ahorros”. También sostuvo que el Estado tiene que “volver a confiar en la gente para recuperar la confianza y que el dinero circule libremente; dejar de tratar a la gente como criminales por default”.
Entre otras resoluciones, el director ejecutivo de la Agencia de Control y Recaudación Aduanera (ARCA), Juan Pazo, decidió que:
- Las compañías administradoras de tarjetas de crédito dejarán de informar a esa Agencia los volúmenes de compra de sus clientes, lo que permitirá que esos datos queden resguardados como cuestión privada de los usuarios.
- Los escribanos dejarán de informar toda operación notarial que involucre montos importantes. Esto implica el final del CITI Escribanos (Cruzamiento Informático de Transacciones Importantes), que obligaba a comunicar cada protocolo que significara montos superiores a los $ 10 millones.
- Se elevarán sustancialmente los montos a partir de los cuales los bancos deben suministrar información. En el caso de las transferencias, pasará de $ 1 millón a $ 50 millones (particulares) y $ 30 millones (personas jurídicas). En los depósitos a plazo fijo, subirá de $ 1 millón a $ 100 millones y $ 30 millones, respectivamente. Esos mismos montos serán el piso para informar las tenencias en Alycs o sociedades de bolsa, que hasta ahora debían comunicar todos los saldos existentes.
- Los negocios tampoco deberán dar cuenta de las compras en efectivo, a no ser que superen los $ 10 millones.
- Los proveedores de servicios públicos ya no deberán reportar los consumos relevantes en materia de energía eléctrica, gas, agua y telefonía.
- Los bancos tendrán prohibido solicitar a sus clientes declaración jurada sobre pagos de impuestos nacionales. Quienes reciban esa exigencia podrán negarse y acudir a Defensa del Consumidor, si fuera necesario.
Las medidas se reglamentarán mediante resoluciones generales que serán publicadas en el Boletín Oficial en los próximos días, según informó ARCA.
Más allá de las cuestiones ideológicas y doctrinarias, el nuevo cuadro dispuesto por las autoridades, tal como lo apuntó Tiempo en su edición impresa, tiene una orientación lógica: alentar a que se pongan en circulación legal los ahorros de la población, mayoritariamente en dólares, para monetizar la economía y darle dinamismo a una actividad en la que muchos sectores generadores de empleo, como el comercio y la industria liviana, están al borde de la parálisis.
La inyección de esos fondos apunta a que mejore la actividad sin que se recurra a la emisión de dinero por parte del Banco Central, algo que el presidente Javier Milei consideró alguna vez como un delito de lesa humanidad y hasta prometió tipificar penalmente en un proyecto de ley que planea enviar al Congreso.
Claro que el nuevo marco legal, que el gobierno planea perfeccionar mediante un decreto, ofrece algunos huecos. La impresión generalizada entre tributaristas y especialistas en temas financieros es que queda un amplio flanco abierto para que se genere un ámbito de impunidad frente a posibles maniobras y operaciones de lavado de activos.
El tema es relevante a nivel internacional. El plenario del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) analizó en su última reunión de octubre poner a la Argentina en una “lista gris” de países que no cumplen con las recomendaciones estándar en la materia, lo que hubiese despertado alertas y evaluaciones negativas de calificadoras de riesgo y otras agencias que monitorean inversiones.
Sobre el cierre de las reuniones, la amenaza del GAFI quedó desactivada. Pero la puesta en práctica de este “podés hacer lo que quieras con tu plata”, que postuló el vocero presidencial Manuel Adorni, abre las puertas a un abanico de situaciones cuya profundidad por ahora se desconoce.