La administradora pública y responsable del área de Hidrocarburos y Energía de Tierra del Fuego, Gabriela Castillo, advirtió que la aprobación legislativa del convenio entre YPF y TerraIgnis es “una necesidad urgente” para garantizar la continuidad productiva, laboral y fiscal de la provincia. Explicó que el acuerdo incluye la transferencia de áreas, activos, pasivos y la ampliación contractual por diez años, por lo que “sin la intervención de la Legislatura, YPF levanta las operaciones y se va sin más”.
Castillo detalló que el convenio firmado por el gobernador sienta las bases para que TerraIgnis reciba las áreas petroleras que YPF abandona en su retirada nacional. Señaló que el traspaso contempla “un inventario enorme de activos, desde pozos e instalaciones hasta vehículos, caños y herramientas”, incluido en un anexo de más de 200 páginas. Sobre los pasivos, afirmó que los ambientales más complejos, como “el saneamiento de la monoboya de Cruz del Sur y la playa de tanques”, quedarán a cargo de YPF, mientras que la operación corriente será responsabilidad de TerraIgnis. También confirmó que la petrolera estatal debe abandonar y remediar 100 pozos, tarea que “ya empezó y continuará por cerca de dos años”.
En cuanto al personal, Castillo explicó que YPF indemnizará a sus trabajadores y que “todos tendrán un año de continuidad garantizada a través de TerraIgnis”, tras lo cual se evaluará qué perfiles requiere la nueva etapa productiva. Aclaró que el esquema no replica un traspaso a una única operadora, sino que TerraIgnis actuará como socio dentro de un consorcio, lo que permitirá a la provincia participar en decisiones estratégicas. “Esto nos da voz para evitar situaciones como la falta de inversión de los últimos años o la exportación del gas embasado antes de garantizar el suministro interno”, señaló.
La funcionaria confirmó que hay empresas interesadas —argentinas y extranjeras— en asociarse con TerraIgnis, pero advirtió que “ninguna negociación puede avanzar hasta que la Legislatura apruebe el convenio”. Además, remarcó que la provincia recibirá también la información sísmica y geológica de las áreas, y que TerraIgnis dispondrá de CA12, sus bloques onshore y offshore, junto con las restantes zonas que hoy opera YPF.
Respecto del diálogo político y gremial, Castillo aseguró que “se está conversando con todos”, tanto con legisladores como con sindicatos y empresas tercerizadas. Reconoció que las prestadoras de servicios plantearon dificultades para acceder a información, pero aseguró que “una vez realizado el traspaso, se avanzará en el diálogo con cada uno de los contratistas”.
Finalmente, reiteró la advertencia central: “Si no se firma ahora, en julio YPF se retira y nos quedamos sin discutir pasivos, sin proteger el empleo y sin garantizar la continuidad productiva”. Subrayó que el impacto sería inmediato en las regalías que financian a los tres poderes del Estado, y pidió que el tratamiento legislativo no se demore para evitar que la provincia enfrente un escenario crítico en plena transición energética y con pozos que requieren recuperación urgente.